lunes, 25 de agosto de 2014

Profesionales valoran actualización en institucionalidad ambiental


Este mediodía (23) finalizó el curso de invierno “Nuevas tendencias en Derecho e Institucionalidad ambiental”, impartido entre julio y agosto por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte.

En las clases participaron 18 profesionales de las regiones de Atacama y Coquimbo, principalmente abogados, pero también pertenecientes al ámbito de la ingeniería civil, comercial y ambiental.
El programa, explicó el académico de la UCN y coordinador del curso, Cristian Delpiano, estuvo fundamentalmente dedicado actualizar los conocimientos en torno a la nueva institucionalidad ambiental, vale decir, aquella asociada a la ley 20417, que creó en enero de 2010 el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Respecto a dicha normativa, Delpiano resaltó la necesidad de explicar la nueva lógica que conlleva, considerando que, por su carácter reciente, no es parte de la formación profesional. Es muy necesario, agregó, enfocar en este aspecto los temas institucionales, los problemas ambientales y la judicialización de los conflictos en materia ambiental, que a su vez es un fenómeno nuevo.
A casi cinco años de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad, Delpiano comentó que la iniciativa ha tenido relativo éxito, en particular porque se ha logrado separar las funciones que tenia la antigua CONAMA, que ahora son ejercidas por el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. “Se diferencia claramente la administración de los instrumentos de gestión en materia ambiental, del proceso de fiscalización, ese es un aspecto muy relevante”, subrayó. Y además, los tribunales ambientales tienen ahora el sentido de contrapesar la acción de la Superintendencia del Medio Ambiente.
En este mismo contexto, el académico valoró como uno de los objetivos alcanzados “lograr de mejor manera prevenir los daños ambientales a través de las funciones del Servicio de Evaluación Ambiental”, mejorar la fiscalización de los actos de los privados conforme a las resoluciones de calificación ambiental, y también, añadió, se logra un mayor acceso a la justicia ambiental por medio de los tribunales ambientales. Al respecto, recordó que anteriormente en este ámbito se acudía a los recursos de protección, “que no están orientados a los aspectos técnicos de un problema ambiental y eso es muy complejo”.